22/11/2024
El mundo del fútbol argentino no es ajeno a las turbulencias financieras. La reciente noticia de una sentencia judicial que ordena a Independiente pagar una cifra millonaria a un exjugador ha puesto nuevamente los focos sobre la delicada situación económica que pueden atravesar los clubes. En este contexto, una norma legal que fue clave para salvar a otro grande de Avellaneda hace más de dos décadas ha vuelto a mencionarse como una posible vía de escape o, incluso, como un destino impuesto: la Ley 25.284, popularmente conocida como la "Ley Racing". Pero, ¿qué es exactamente esta ley y cómo funciona?
- ¿Qué es la Ley 25.284 o "Ley Racing"?
- ¿Cómo Opera el Régimen Especial?
- Duración y Posible Extinción del Fideicomiso
- El Origen del Nombre: ¿Por Qué "Ley Racing"?
- El Caso Racing: Un Camino Sinuoso Hacia la Recuperación
- Más Allá de Racing: Otros Clubes Beneficiados
- La Ley 25.284 y el Presente de Independiente
- El Fallo Verón y su Impacto Judicial
- Preguntas Frecuentes sobre la Ley Racing
- Conclusión
¿Qué es la Ley 25.284 o "Ley Racing"?
La Ley 25.284, cuyo nombre oficial es "Régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas", fue sancionada por el Congreso Nacional argentino el 6 de julio del año 2000 y promulgada pocos días después. Su creación respondió a un momento de profunda crisis económica y social en el país, donde los clubes deportivos, como asociaciones civiles, no escapaban a las dificultades generales. La ley nació con un propósito claro y fundamental: permitir que aquellas entidades deportivas que hubieran llegado a la extrema situación de tener su quiebra decretada pudieran, a pesar de ello, continuar con sus actividades deportivas y sociales. El objetivo principal era y sigue siendo proteger al deporte como un derecho social, evitando la desaparición de instituciones con una fuerte raigambre en la comunidad.

¿Cómo Opera el Régimen Especial?
La aplicación de la Ley 25.284 implica un cambio drástico en la administración del club afectado. Una vez que la norma entra en vigencia para una entidad, se produce el desplazamiento de la Comisión Directiva y de todos los órganos institucionales y estatutarios elegidos democráticamente por los socios. En su lugar, la administración del club pasa a manos de un fideicomiso. Este fideicomiso está a cargo de un órgano fiduciario, que es el responsable directo de gestionar la institución. Dicho órgano fiduciario está integrado por tres miembros con perfiles específicos: un contador, un abogado y un administrador deportivo. La tarea primordial de este cuerpo colegiado es llevar a cabo un proceso de saneamiento de las finanzas del club. Esto implica generar ingresos genuinos por diversas vías (socios, marketing, venta de jugadores, etc.) que permitan, en primer lugar, garantizar el pago a los acreedores y a los trabajadores de la institución, y así, de manera progresiva, sanear el abultado pasivo que llevó al club a la quiebra.
Duración y Posible Extinción del Fideicomiso
Inicialmente, el fideicomiso establecido por la Ley 25.284 tiene una vigencia prevista de tres años. Este período está pensado para que el órgano fiduciario pueda implementar las primeras medidas de saneamiento y comenzar a estabilizar la situación económica del club. Una vez transcurrido este tiempo, el juez que entiende en la causa de quiebra debe realizar una evaluación exhaustiva de la gestión del fideicomiso y de la evolución financiera de la entidad. Basado en este análisis, el juez tiene la potestad de decidir si se dispone la continuidad del fideicomiso o si, por el contrario, se ordena la liquidación de los activos del club, lo que, en última instancia, llevaría a la extinción de la asociación civil deportiva. En caso de que el juez resuelva favorablemente por la continuidad, la ley contempla la posibilidad de extender el plazo del fideicomiso. La prórroga máxima permitida por la norma es de nueve años adicionales (originalmente eran seis años, pero este plazo fue extendido mediante una modificación en el año 2011). Esto significa que un club podría estar bajo este régimen especial por un período total de hasta doce años.
El Origen del Nombre: ¿Por Qué "Ley Racing"?
Aunque la ley tiene un nombre técnico y aplica a cualquier entidad deportiva en dificultades, rápidamente fue bautizada popularmente como la "Ley Racing". Esta denominación se debe a que el Racing Club de Avellaneda fue la primera y más emblemática institución en acogerse a este régimen especial. La situación de Racing a fines de la década de 1990 era crítica, prácticamente terminal. En julio de 1998, el entonces presidente del club, Daniel Lalín, presentó un pedido de quiebra, lo que llevó al juez Enrique Gorostegui a decretarla. Con el club al borde de la desaparición, la sanción y promulgación de la Ley 25.284 en el año 2000 representó un verdadero salvavidas. La aplicación de la norma en el caso de Racing inició un largo y complejo camino, con altibajos, pero que finalmente culminó con un final feliz: el levantamiento de la quiebra y la recuperación de la administración por parte de los socios.
El Caso Racing: Un Camino Sinuoso Hacia la Recuperación
Una vez aplicada la Ley 25.284 a Racing Club, se constituyó el órgano fiduciario, integrado en ese momento por Eduardo Gilberto, Néstor Jorge Bugallo y Carlos Ves Losada. Una de las primeras y más trascendentales decisiones de este órgano fue la firma de un contrato de gerenciamiento. Mediante este acuerdo, se otorgó a la empresa Blanquiceleste Sociedad Anónima la administración del fútbol profesional de la entidad por un período de 10 años. El gerenciamiento, liderado sucesivamente por Fernando Marín y Fernando De Tomaso, fue un modelo controvertido y no exento de críticas por su manejo errático e irregular. De hecho, el contrato no llegó a cumplirse en su totalidad, ya que Blanquiceleste finalizó su gestión y abandonó el club en julio de 2008. Sin embargo, a pesar de las controversias del gerenciamiento, el proceso bajo el fideicomiso permitió estabilizar la situación del club y trabajar en el saneamiento de sus finanzas. Finalmente, en diciembre de 2008, el juez Enrique Gorostegui firmó la resolución que decretó el levantamiento de la quiebra de Racing Club. Este hito ocurrió apenas horas antes de que se celebraran las elecciones de socios que consagraron a Rodolfo Molina como nuevo presidente, marcando el regreso de la institución a la administración de sus asociados.
Más Allá de Racing: Otros Clubes Beneficiados
Si bien la Ley 25.284 lleva el nombre de Racing por ser el caso más conocido y el primero en aplicarse tras su sanción, la norma no fue exclusiva para la Academia. A lo largo de los años, varias otras instituciones deportivas en Argentina han podido acogerse a este régimen especial para evitar la liquidación de sus activos y garantizar la continuidad de sus actividades. Gracias a la Ley 25.284, clubes como:
- Talleres de Córdoba
- Belgrano de Córdoba
- Deportivo Español
- Temperley
- Ferro Carril Oeste
- Talleres de Remedios de Escalada
- Comunicaciones
- Chaco For Ever
- Alvarado de Mar del Plata
- Provincial de Rosario
pudieron sortear situaciones de quiebra y seguir funcionando, preservando su patrimonio y su vida institucional, algo que no habría sido posible bajo el curso normal de un proceso de quiebra tradicional, donde se liquida el patrimonio para pagar a los acreedores.
La Ley 25.284 y el Presente de Independiente
La reciente sentencia que obliga a Independiente a pagar una suma millonaria a Gonzalo Verón ha reactivado la preocupación por la situación financiera del club de Avellaneda y ha puesto nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que la Ley 25.284 pueda cruzarse en su camino. Existen dos vías principales por las cuales esta norma podría aplicar a una institución como Independiente, que actualmente se encuentra en concurso preventivo:
1. Vía Voluntaria (Artículo 6): La ley contempla en su artículo 6° la posibilidad de que una asociación civil deportiva que se encuentre en concurso preventivo (una instancia previa a la quiebra donde se busca llegar a un acuerdo con los acreedores) solicite voluntariamente acogerse a los beneficios de la Ley 25.284. Este pedido debe ser realizado por la Comisión Directiva del club y requiere el aval de una asamblea de socios. La principal diferencia con la aplicación en caso de quiebra es que, en este escenario, las autoridades democráticamente elegidas por los asociados no son removidas. Continúan en funciones, pero bajo la estricta vigilancia y control de un órgano judicial, que supervisa la gestión económica y financiera.
2. Vía Compulsiva (Quiebra Decretada): La otra posibilidad, y la más temida, es que Independiente llegue a una situación de quiebra decretada judicialmente. Si esto ocurriera, la aplicación de la Ley 25.284 no sería voluntaria, sino compulsiva, tal como le sucedió a Racing en su momento. En este caso, sí se produciría el desplazamiento de la Comisión Directiva y la administración pasaría a manos del fideicomiso con el órgano fiduciario. Dada la magnitud de la deuda y la preocupación generada por sentencias como la de Verón, la posibilidad de una quiebra ha sido objeto de especulación, aunque los tiempos judiciales son inciertos.
Hasta el momento, la Comisión Directiva de Independiente, encabezada por Fabián Doman, ha manifestado públicamente que no considera la opción de acogerse voluntariamente a la ley estando en concurso preventivo. Según declaraciones de Daniel Seoane, secretario general del club, la postura institucional es intentar levantar la convocatoria (el concurso preventivo) sin recurrir a este régimen especial. Seoane incluso calificó el fallo a favor de Verón como una "jugada política" para forzar una quiebra.
El Fallo Verón y su Impacto Judicial
La sentencia que ha desatado esta nueva discusión fue emitida la semana pasada por el Tribunal de Trabajo Nº 2 de Avellaneda, presidido por Javier Eduardo Traverso. El fallo condena a Independiente a pagar a Gonzalo Verón la suma de 10,97 millones de dólares (equivalentes a 2.332 millones de pesos al cambio del día de la sentencia) en concepto de salarios impagos, una indemnización doble por despido durante el período de emergencia pública (inicio de la pandemia) e intereses acumulados. Esta cifra representa una carga financiera enorme para el club. Sin embargo, es crucial entender que este trámite judicial aún no ha concluido.
El sistema judicial laboral en la provincia de Buenos Aires tiene particularidades. Actualmente, los Tribunales de Trabajo funcionan como instancia única, conformados por tres miembros, según lo establecido por la ley 11.653 de 1995. Aunque en 2018 se aprobó una nueva ley (15.057) que preveía juzgados unipersonales y Cámaras de Apelación del Trabajo, su implementación ha sido postergada por la Suprema Corte provincial hasta que se cumplan ciertas condiciones (presupuestarias, edilicias, designación de jueces), estableciendo un plazo de cinco años que aún está en curso. Esto significa que las sentencias definitivas de los Tribunales de Trabajo, como la de Verón, no pueden ser apeladas directamente ante una Cámara de Apelación como ocurriría en otras jurisdicciones o fueros. En su lugar, contra estas sentencias se pueden interponer recursos extraordinarios que, paradójicamente, deben ser resueltos por los mismos Tribunales que dictaron el fallo. Solo en caso de que el Tribunal rechace estos recursos extraordinarios, la parte perjudicada puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Este máximo tribunal, sin embargo, no tiene plazos máximos establecidos para resolver los litigios que llegan a su conocimiento, lo que implica que el proceso judicial puede extenderse considerablemente en el tiempo.
Este es precisamente el camino que Independiente ha anunciado que seguirá. Tras una reunión de su Comisión Directiva, el club emitió un comunicado informando que "realizará las apelaciones correspondientes en los diferentes tribunales provinciales para evitar la aplicación y ejecución de la sentencia" a favor de Gonzalo Verón. La estrategia legal del club apunta a agotar todas las instancias para intentar revertir o al menos morigerar el impacto económico del fallo.
Preguntas Frecuentes sobre la Ley Racing
La Ley 25.284, por su complejidad y las situaciones extremas a las que se aplica, genera varias dudas comunes:
- ¿Qué sucede con la Comisión Directiva cuando se aplica la ley? Si la ley se aplica por quiebra decretada, la Comisión Directiva es desplazada y reemplazada por el órgano fiduciario. Si se aplica voluntariamente en concurso preventivo (Art. 6), la CD permanece, pero bajo estricto control judicial.
- ¿Quién administra el club bajo este régimen? Un órgano fiduciario compuesto por un contador, un abogado y un administrador deportivo.
- ¿Cuál es el objetivo principal del órgano fiduciario? Generar ingresos, pagar deudas a acreedores y empleados, y sanear el pasivo del club.
- ¿Puede un club que aún no está en quiebra acogerse a la ley? Sí, si está en concurso preventivo puede solicitarlo voluntariamente con aval de asamblea de socios (Art. 6).
- ¿La Ley Racing solo sirvió para Racing Club? No, si bien es el caso más icónico, otros clubes importantes y más pequeños también se han beneficiado de ella.
- ¿Cuál es la duración máxima del fideicomiso? Inicialmente 3 años, con una prórroga máxima de 9 años, totalizando hasta 12 años.
- ¿Qué pasa si el fideicomiso no logra sanear el club? Si el juez determina que no hay viabilidad, puede ordenar la liquidación de activos, lo que implicaría la extinción del club.
Conclusión
La Ley 25.284, la "Ley Racing", es una herramienta legal excepcional diseñada para situaciones límite. Nació para evitar la desaparición de clubes deportivos ahogados por las deudas y la quiebra, permitiéndoles un camino de saneamiento bajo una administración judicial. Fue el salvavidas que rescató a Racing Club de una situación terminal y ha protegido a varias otras instituciones a lo largo del país. Hoy, ante las dificultades financieras que atraviesa Independiente y el impacto de sentencias millonarias, esta norma vuelve a ser un tema de debate. Ya sea como una opción voluntaria en concurso preventivo (aunque descartada por la actual dirigencia) o como una posibilidad impuesta en caso de una eventual quiebra, la Ley Racing representa un mecanismo que, si bien implica la intervención judicial y la pérdida temporal de la autonomía de los socios, ofrece una oportunidad para evitar el final más temido: la liquidación y la extinción de la institución deportiva.
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